El 68% de los empresarios industriales señala como uno de los principales problemas que afronta su producción a las regulaciones, fiscalizaciones o acciones administrativas innecesarias o excesivas que las instituciones públicas aplican al sector. Así lo revela el Estudio sobre Regulaciones, Fiscalizaciones o Acciones Administrativas en el Sector Industrial – Febrero 2025, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Según el estudio de la IEES de la SNI, el 53% de los encuestados señaló al enfoque sancionador en lugar de orientador de parte de los fiscalizadores como la principal dificultad de la regulación pública para la actividad productiva. Le siguen los excesivos requisitos para tramitar permisos, certificados y similares (49%), la discrecionalidad y falta de predictibilidad en el proceso de fiscalización (42%), y los requisitos sin criterio técnico para tramitar permisos, certificados y similares (41%).
Asimismo, el 31% considera como principal problema las demoras en las devoluciones de impuestos con resoluciones aprobatorias y las multas desproporcionadas respecto a la naturaleza de la falta cometida. El 29% señala a la interpretación inadecuada de la normativa que se aplica en contra de la empresa, y el 28% argumenta que es muy extenso el plazo legal establecido para tramitar permisos, certificados y similares.
Respecto a las principales instituciones con sobrerregulación, el 46% de los industriales mencionó a las municipalidades distritales entre las que generan mayor nivel de afectación, mientras que el 43% apunta a la Sunafil, el 40% a la Sunat, el 13% a Digesa y el 11% a la Oefa.
Sobre las municipalidades distritales, el 62% de los industriales señala como excesivos los requisitos para tramitar permisos, certificaciones y similares, mientras que el 60% apunta como principal traba el establecimiento de requisitos sin criterio técnico, y el 52% al enfoque sancionador de fiscalizadores en lugar de orientador.